Madrid.- Lejos de revisar sus polémicas medidas hacia los inmigrantes, el Gobierno sigue ahondando en la desprotección de este colectivo.
Una modificación en la reforma del Código Penal prevista por el Ministerio de Justicia abre la puerta a que aquellas personas que colaboran con los inmigrantes en situación administrativa irregular prestándoles asistencia humanitaria puedan ser multadas y castigadas con hasta dos años de cárcel.
Según el artículo 318 bis del Anteproyecto de reforma, pendiente aún de aprobación parlamentaria, “el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre la entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años“.
Una plataforma integrada por juristas, sacerdotes, profesores y miembros de la sociedad civil que acogen en sus casas a inmigrantes en situación vulnerable, advierte del riesgo de que puedan ser tratados como “criminales”

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